El informe pericial económico del Prestige, que reduce los 1.264,3 millones que reclamaban los afectados a tan solo 222,9, revela algunas de las claves del amplio desfase contable entre las cifras gubernamentales y las conclusiones finales de los técnicos, unos criterios que propiciaron que el Estado sea el mayor perjudicado al no reconocérsele 468 millones de su estimación de gastos, sin incluir las compensaciones a particulares.
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