El debate sobre los formatos abiertos empezó a alcanzar notoriedad a partir de la decisión del Gobierno de Massachussets (EEUU) de adoptar como formato oficial para sus documentos públicos el estándar OpenDocument, en detrimento de los empleados por Microsoft. Esta decisión ha hecho que muchos se planteen preguntas que hasta entonces no habían pasado por su cabeza: ¿Es legítimo que un Gobierno dependa de una empresa para acceder a los propios datos?
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