Un mes después de aprobar una norma en sentido contrario, el Ministerio cede ante concesionarias y banca y acepta la responsabilidad patrimonial para salvar el ‘banco malo’ de las radiales. El secretario de Estado de Infraestructuras afirma que el Estado “honrará su obligación patrimonial y las sentencias dictadas” por una suma que podría sumar 2.300 millones.
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