El fiscal no entra a valorar el asunto de manera detallada, pero en su escrito concluye que «se constata un indicio de ilegalidad administrativa». A pesar de ello, Florentino Delgado decidió archivar las diligencias abiertas por el caso y derivarlo al juzgado de lo contencioso-administrativo. El fiscal adelanta el resultado que se podría derivar de esas acciones legales: «Las alegaciones del denunciante deberían producir en la oportuna sede contencioso administrativa el resultado de la nulidad de las convocatorias».
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