La demanda señalaba las supuestas irregularidades de 28 políticos y empresarios en la gestión de la mayor operación urbanística de la capital, entre ellos ocho ministros, a quienes acusaba de irregularidades en la gestación de la Operación Chamartín, que habrían causado un quebranto de 2.780 millones de euros. La fiscalía ha archivado la denuncia.
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