En el documento, de 36 folios, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, asegura que "en el ámbito del Derecho penal juvenil los malos tratos familiares protagonizados por los menores están proliferando últimamente de forma que como mínimo cabría calificar de preocupante" por causas más relacionadas con "deficiencias del proceso educativo" que con situaciones de marginalidad.
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