El Ministerio Público ha llegado a la conclusión de que, ni los propietarios de esos restos (Renfe), almacenados en un taller de Villaverde (Madrid), ni los propietarios de la compañía que se encargó de arreglar los convoyes, cometieron ningún delito. Tampoco aprecia "ninguna actuación de ocultación o manipulación de los referidos restos" para hacer desaparecer pruebas.
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