Colocar una casa prefabricada en un terreno sin licencia urbanística –ya sea un huerto, una parcela en el campo o en la sierra– puede suponer penas de cárcel. Ese es el aviso que ha dado la Fiscalía a las empresas que vendan estas viviendas, así como a las personas que quieran comprarlas. El Ministerio Público señala que no existe “vacío legal” en cuanto a los permisos para colocarlas, como aseguran algunas compañías, y argumenta que la normativa es clara: a ojos de la Justicia, son viviendas como las fabricadas de ladrillo y cemento.
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