Juristas especializados como Dalmo Dallari, profesor de Derecho de la Universidad de São Paulo, creen que la medida, además de atentar contra la Constitución Federal, es política y no judicial. Desde que se publicó el informe del Ministerio Público, éste ha servido de base para ocho acciones judiciales contra integrantes del MST, como prohibiciones de marchas, autorización de desalojos y desplazamiento de campamentos... Entre las acusaciones se encuentrade la de "estar vinculados con las FARC colombianas"
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