El Ministerio Público responde así a la denuncia formulada por 20 colectivos contra Diputación y Zaragoza Urbana a los que acusan de abandonar un BIC . Tan sólo regresó la actividad durante el tiempo que fue ocupado por un grupo de vecinos desde junio de 2011 hasta enero de 2012, cuando el titular del juzgado de Instrucción nº 1 de Cádiz ordenó a la Policía que desalojara el inmueble tras admitir la denuncia del propietario, la promotora Zaragoza Urbana.
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