El fiscal considera que los seis acusados no pueden alegar que ignoraban la ley al retirar el sueldo al antiguo regidor sin una moción de censura y aprobar el PAU Z-9, anulado por la Justicia, pues los acusados tenían la formación suficiente «para discernir lo que es justo e injusto» y por ello su actuación «lo hicieron a sabiendas», tal y como se establece en un delito de prevaricación. Por ello tachó el desconocimiento que afirmaban tener los procesados de las consecuencias legales de su acto como «una ignorancia inexcusable>>
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