El artículo 494 del Código Penal castiga con multa o pena de prisión de seis meses a un año a quienes «promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones» frente al Congreso, Senado o Cámara autonómica cuando sus diputados estén reunidos, pero exige que con esa acción se altere su «normal funcionamiento».
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