Estamos ante el fin de los servicios sociales prestados desde el ámbito local. No nos podemos callar. El Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local se publicó el 6 de septiembre en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y su Disposición Transitoria Segunda no deja lugar a dudas. Solamente los municipios de más de 20.000 habitantes podrán prestar servicios de evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión sociales.
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