Por primera vez en más de 40 años, Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó contratos de exploración y extracción de crudo a empresas privadas. La decisión ha causado polémica: para algunos autorizar la participación de capital privado en la explotación directa de pozos petroleros viola la Constitución mexicana, que reserva esa tarea sólo a Pemex.
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