Más de 32,7 millones de euros. Y subiendo. La condena que España recibió en julio de 2018 por la falta de depuración de aguas urbanas residuales en varias aglomeraciones urbanas —que contemplaba una multa fija y penalizaciones semestrales mientras perduren los incumplimientos de la normativa comunitaria— ha supuesto ya la mayor sanción que el país ha tenido que pagar nunca a Bruselas.
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