El inicio de la crisis popularizó una figura laboral –de escueta legalidad- que cabalga entre el trabajador general y el autónomo: el falso autónomo. En España hay más de 200.000 y provocan pérdidas a la Seguridad Social de más de 500 millones de euros al año. Y es que a parte del fraude, las inspecciones laborales han caído desde 2015.
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