Al margen de que el Gobierno español tendría que pisar el acelerador para abordar una hipotética reforma legislativa valiéndose de su mayoría absoluta, no terminarían aquí las dudas que plantean los expertos sobre la posibilidad de que esos 309.000 exiliados (cifra que ofrece el PP) puedan formar parte del actual mapa electoral vasco. ¿Cómo acreditar que los que no residen en el territorio lo hacen por cuestiones políticas? ¿A quién le corresponde verificarlo? ¿La figura de exiliado llega también a una segunda generación?
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