Con esta decisión se pretende no solo un mayor control y seguimiento de estas causas, sino también evitar disfunciones administrativas.Controlará todas las investigaciones que se inicien por este tipo de delitos y podrá dar instrucciones concretas a los fiscales de cada uno de los juzgados que instruyan los procesos. Otra de las funciones que desempeñará será el control y la resolución de cualquier disfunción que se produzca con las administraciones, tanto autonómica como locales.
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