Los dos ediles expedientados defendieron que el Grupo Socialista votase a favor de una moción del BNG para investigar posibles irregularidades en una urbanización ordenada en el período en el que Francisco Vázquez era alcalde de la ciudad. El actual gobierno, del PP, también se opone. El Bloque ha enviado el caso al Tribunal de Cuentas, ya que podría suponer un perjuicio económico al Ayuntamiento de hasta 50 millones de euros.
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