Así sucederá si el Banco de España, como es previsible, decide abrirle formalmente expediente. En ese caso, Amorós se enfrenta a una sanción de medio millón de euros por cada una de las infracciones cometidas, según consta en la Ley de Economía Sostenible. Esta nueva reglamentación duplica las sanciones por la comisión de irregularidades en las entidades de crédito, hasta elevarlas a un máximo de un millón de euros por cada infracción cometida por la entidad y a medio millón por cada una de cada gestor.
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