El exalcalde de Guijo de Galisteo, actual portavoz del grupo popular, ha sido declarado autor de un delito de prevaricación administrativa, por el que se le inhabilita para el desempeño de cualquier empleo o cargo público durante un periodo de ocho años y medio; así como de un delito contra la integridad moral, por el que se le impone una pena de un año y nueve meses de prisión, que no tendrá que cumplir al carecer de antecedentes penales.
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