El Gobierno vasco incumple la directiva europea para la protección de los denunciantes. El canal interno para denuncias sobre corrupción en Osakidetza o en las Juntas Generales de Araba está en manos de una empresa cuyos socios se han acusado entre sí de prevaricación, delitos societarios y coacciones. Los partidos que conforman el Ejecutivo han apostado por externalizar la gestión de dos aspectos centrales para la democracia vasca a firmas señaladas por prácticas colusorias y relacionadas con la manipulación de contratos públicos.
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