La demanda ante la Corte de Estrasburgo fue planteada por Montserrat Aumatell i Arnau, que fue designada miembro de la sindicatura electoral de Tarragona para controlar la votación secesionista. Presentó su renuncia el 22 de septiembre, nada más conocer a través del Boletín Oficial del Estado que el Tribunal Constitucional había acordado imponer multas coercitivas diarias a los miembros de las sindicaturas si tomaban posesión de esos cargos.
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