España fue condenada por el Tribunal de Estrasburgo a pagar 600.000 euros a una empresa por haber inscrito a nombre de la Iglesia unos terrenos que eran de su propiedad en Palencia. Se trata de la indemnización más alta impuesta a nuestro país. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya había condenado a España por este caso en 2014, al considerar que no había respetado el derecho a la propiedad y a un juicio justo de la empresa demandante.
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