El Gobierno está armando un "escuadrón BP" con funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental, la Guardia Costera y otros organismos para dilucidar "si los directivos de las compañías hicieron declaraciones falsas a los reguladores, obstruyeron la justicia o falsificaron pruebas de los mecanismos como el destinado a prevenir explosiones". British Petroelum, Transocean y Halliburton son los objetivos iniciales de la pesquisa, que apunta a "examinar si su cómoda relación con los reguladores contribuyó al desastre petrolero".
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