La Abogacía del Estado, que ha de velar por los intereses del Estado y, por tanto, de la Hacienda Pública, ha recurrido fuera de plazo la prescripción de los delitos fiscales atribuidos al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Así, la acusación que representa al Estado no podrá esgrimir ante el Tribunal Supremo los argumentos por los que considera que dichos delitos no deberían considerarse como caducados y no podrá seguir reclamando la devolución de las cuotas presuntamente defraudadas, ni el pago de la multa ...
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