Es un delito moral y no solo penal que un solo euro público se malgaste o se corrompa hoy en un servicio, contrato o suministro que no esté debidamente sopesado, investigado y analizado. La situación llega al absurdo de que los funcionarios de la Presidencia del Gobierno poseen una sanidad privada extra pagada con fondos públicos de los demás contribuyentes. Y cuando el resto de la ciudadanía y de las empresas mira al céntimo el gasto, la misma Presidencia del Gobierno renueva los trajes de sus empleados a precios inverosímiles.
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