La tesis es: si el Gobierno sabía que eran financieras, debía haber intervenido antes y ponerlas bajo la supervisión y control del Banco de España. Y si eran mercantiles no debía interrumpir su actividad porque pagaban en tiempo y forma a clientes, proveedores y al mismo Fisco. Incluso en esta última tesis, sostienen que el Estado es responsable porque los departamento de Consumo regionales dependen del Ministerio.
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