La cuestión es que cuando las empresas no atienden al pago de esa indemnización y los trabajadores acuden al Fogasa, el organismo estatal les niega la cobertura pública bajo el argumento de que su salida fue voluntaria, no forzosa, y que por tanto no procede indemnización alguna. Los afectados se cuentan por miles.
|
etiquetas: corrupción , fraude , economía , españa