La mujer, víctima hace ocho años de un delito de violencia doméstica por el que su ex pareja fue condenado a tres meses de prisión, ignoró la orden judicial que la obligaba a entregar a los niños a su progenitor en un punto de encuentro el pasado 26 de julio. Ahora la situación es aún más compleja: se enfrenta a un proceso penal por un delito castigado con prisión de dos a cuatro años y, además, con la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante un tiempo de cuatro a 10 años.
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