El Estado considera "arbitraria y desproporcionada" la prohibición absoluta del 'fracking' instaurada en Cantabria a través de la ley impugnada por el Gobierno central; y advierte que la extensión de esta iniciativa a otras regiones -la última en sumarse a la prohibición ha sido Cataluña- "puede suponer una seria limitación de la explotación" de recursos energéticos "estratégicos para el interés general en un marco de histórica dependencia del exterior de este sector esencial".
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