Las administraciones públicas han logrado rebajar este año una media del 20% la factura de sus seguros, que anualmente asciende a 250 millones de euros lo que supone un ahorro de unos cincuenta millones. La crisis y los fuertes problemas de liquidez han llevado a estas instituciones a forzar al máximo a las aseguradoras para reducir sus costes.
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