La quita impuesta a los ahorros de los inversores en participaciones preferentes significa que serán ellos quienes financien el rescate bancario de las entidades que les estafaron. Así de cruda es la denuncia de las asociaciones de usuarios de banca que cifran en 12.000 millones el dinero que los ahorradores perderán y que, por tanto, no tendrá que poner el Estado.
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