El Ejército español no sólo posee un arsenal limitado de bombas de racimo, sino que además se ve obligado en la misión de paz en el sur del Líbano a llevar a cabo una de las tareas más peligrosas con este tipo de armas: el desminado. Por esta razón, y porque el 98% de las víctimas son civiles, Greenpeace asegura que se pidió al Gobierno español que prohibiera su uso y producción.
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