La colaboración tributaria entre la autoridad fiscal española y gibraltareña es prácticamente nula, lo que convierte al Peñón en un destino privilegiado para los defraudadores españoles. A partir del año 2009, Gibraltar se lanzó a firmar acuerdos de intercambio de información fiscal con otros países, lo que le ha permitido salir de la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE. Sin embargo, el Ejecutivo no reconoce la soberanía del Peñón y, por lo tanto, se muestra reacio a firmar cualquier tratado internacional.
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