El Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo ha emitido un laudo por el que España tendrá que pagar 48 millones de euros a tres compañías que invirtieron en plantas fotovoltaicas en el país por el cambio de regulación que recortó las primas a las renovables. El tribunal que ha dirimido el arbitraje ha considerado que el nuevo marco regulatorio que se estableció en España en 2013 y 2014 y que modificó el de 2007 vulneró el Tratado de la Carta de la Energía en lo referido a un trato justo y equitativo a las inversiones.
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