Congreso de los Diputados aprobó definitivamente una reforma del artículo 23.4 de la ley orgánica del Poder Judicial que limita la competencia española en delitos de los llamados de jurisdicción universal: genocidio, terrorismo y torturas. La reforma recién aprobada limita la jurisdicción universal española a tres supuestos: que el autor del delito esté en España, que haya españoles entre las víctimas o que exista algún vínculo o conexión relevante con España. En todo lo demás, nuestra justicia será subsidiaria del Tribunal Penal Internacional.
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