Si Juan Carlos I fuera un ex jefe de Estado extranjero acusado en los tribunales españoles de acoso, seguimiento ilegal y difamación, por los que le ha denunciado Corinna Larsen en el Reino Unido, no gozaría de inmunidad. La norma que regula en España este asunto es una ley orgánica sobre privilegios e inmunidades aprobada en 2015 bajo la presidencia de Rajoy y con José Manuel García-Margallo como ministro de Exteriores.
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