Aunque se han reducido a la mitad los puntos de incumplimiento de la norma, el retraso acumulado ha hecho que Bruselas considere que persiste un problema “generalizado”. Tirar casi sin más las aguas sucias de una población al mar o al cauce del río es una práctica que a España se le ha convertido en un problema engordado a base de millones de euros en multas y juicios europeos. De momento, 87 millones pagados desde 2018 y dos procesos más pendientes de sentencia denunciados por Bruselas.
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