El caso se remonta a 2003, cuando la Caja de Seguro Social del país centroamericano licitó la compra de 9.000 kilos de glicerina para elaborar un jarabe que después distribuiría gratuitamente. La glicerina viajó de Shanghai a Barcelona y de ahí a Panamá, donde se elaboró el jarabe. Sin embargo, el producto que salió de China no era glicerina para consumo humano, sino un tipo industrial que contenía dietilenglicol, una sustancia venenosa.
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