En los últimos debates que he leído sobre la retirada de crucifijos de lugares públicos o institucionales, aquellas personas que apoyan esta medida afirmaban que al ser España un estado aconfesional, la cruz o el crucifijo no tenían cabida en los escudos de las Comunidades. Incluso cuando se les indicaba la presencia de este símbolo por su carácter cultural o histórico, seguían manteniendo su opinión favorable a su retirada. Para ellos, los símbolos religiosos son una cuestión privada e individual y el Estado no puede permitir su presencia
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