Que una consulta ciudadana en un pueblo catalán, que por sí misma no habría tenido demasiada trascendencia, ponga en marcha toda la maquinaria estatal y judicial para impedirla. Que encarguen el trabajito a un abogado ex falangista. Que el mismo día en que la juez confirma la prohibición, otro juzgado autorice una manifestación precisamente de Falange en el pueblo. No puede ser torpeza.
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