La familia, que lleva más de 20 años en Girona, ha echado raíces. Pero él se quedó sin trabajo en el matadero y solo cobra un subsidio de poco más de 400 euros al mes. En abril no pudo hacer frente al alquiler (de 560 euros) y, aunque continuó pagando los siguientes meses, la entidad le envió en septiembre un requerimiento para echarles del piso, explica Saballi. Hasta el cónsul de Gambia en Girona se acercó hoy a Salt, muy enfadado. “En mi país no se le haría esto nunca a nadie. Ni a los extranjeros ni a los gambianos”
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