Más de 30.000 compradores o inquilinos de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la Comunidad Valenciana siguen atrapados por las deudas que la Generalitat y el Gobierno central han contraído con ellos. La cifra que les debe el Consell a estos ciudadanos anónimos ha superado ya los 250 millones. En su día fueron beneficiarios de las miles de ayudas para compra, alquiler o rehabilitación de vivienda en la Comunidad Valenciana pero el cheque nunca llegó.
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