Desde los sindicatos advierten que más de una compañía va a intentar acogerse a la nueva norma. Es una de las modificaciones trascendentales de la reforma, las empresas ya no tienen que pasar el filtro de la Administración Pública para poner en marcha ERES. Al asalariado por tanto sólo le queda la vía judicial si no está conforme.
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