De entre las muchas medidas planteadas por las administraciones para reducir el impacto de los contagios, una de ellas brilla por su ausencia: el teletrabajo. Desde que su obligatoriedad caducara a mediados de julio pocos gobiernos han tanteado su reimplantación en los momentos más críticos de la epidemia. Millones de personas han seguido tomando el transporte público y socializando en las oficinas con incidencias acumuladas por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué?
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