La juez de Nueva York que instruye la demanda española contra la American Bureau of Shipping (ABS), la empresa que certificó en 2001 y 2002 que el petrolero era apto para navegar y a la que España reclama 1.000 millones de dólares por su responsabilidad en el siniestro, estudia una petición de la clasificadora para que se aplique la legislación de Bahamas. Bahamas cuenta con una normativa muy proteccionista para sus buques lo que lo convierte, además de en un paraíso fiscal, en un país muy atractivo para los armadores.
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