Meneado sólo por esta frase que ha dicho el arzobispo cardenal: "no tiene la obligación de denunciar a un clérigo culpable de abuso sexual". Asegura que la ley debe proceder contra el causante del ilícito "solamente por queja del ofendido o su representante". Determina, asimismo, que cuando un obispo, sacerdote o diácono cometa alguna falta relacionada con abuso sexual a un menor, ese religioso está obligado a ofrecerle a la víctima "la asesoría psicológica, espiritual y pastoral necesaria para tratar de resarcir el daño".
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