Una querella, presentada un día antes de que Rajoy llegara a Moncloa, pedía más de 20 años de prisión por ocho delitos fiscales y acabó en una condena 24 meses. Tuvo que devolver a Hacienda 4,13 millones de euros y pagar una multa de 1,5 millones de euros. Pero se libró del presidio tras llegar a un acuerdo con las acusaciones, que no eran otras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, dos instituciones jerárquicas que dependían del Gobierno donde Soraya Sáenz de Santamaría era la todopoderosa vicepresidenta.
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