Los magistrados del Supremo dejaban claro que “la posibilidad de que estas condenas se den, va a ser muy baja”, aunque no imposible, al acogerse a la Octava Enmienda, que garantiza el derecho a no ser sometido a castigos inusuales o crueles, a la inmadurez e impulsividad de los condenados para adoptar penas menos rigurosas que a un adulto.
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